Como parte del compromiso del actual gobierno con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción e impunidad, este miércoles 14 de junio se ejecutó orden de aprehensión en contra de Rafael Herrera Piedra, socio de empresas de comunicación involucradas en presuntos delitos graves en contra del patrimonio del Gobierno del Estado de Durango, y por ende, en perjuicio de todos los duranguenses.
En conferencia de prensa, el Lic. Galdino Torrecillas Herrera, titular de la Consejería General de Asuntos Jurídicos anunció la presentación de diversas denuncias, entre ellas las relativas a pagos realizados de manera irregular por un monto de más de 24 millones 700 mil pesos a las empresas Comunicación Trascendente e Iso Diseño, en las cuales aparece como socio el señor Rafael Herrera Piedra.
Asimismo, el consejero jurídico informó la detención de esta persona en un procedimiento ejecutado mediante oficio de colaboración por elementos del vecino estado de Jalisco, siendo entregado a los elementos de la Policía Investigadora de Delitos de este estado para su traslado a esta ciudad de Durango.
En un segundo proceso, se informó la presentación de diversas denuncias contra quien resulte responsable en la Secretaría de Finanzas y Administración, en donde las primeras investigaciones arrojaron datos de 214 operaciones por un monto de más de 72 millones 300 mil pesos durante el ejercicio 2016, de los cuales no se tiene evidencia documental comprobatoria ni justificativa, ni evidencia de su registro presupuestal.
Ante esta situación, se presentó denuncia en contra de quien resulte responsable, recordando que la titular de esa secretaría en el momento en que sucedieron estos hechos era la C.P María Cristina Díaz Herrera y diverso personal de la dependencia, quienes avalaron todas estas irregularidades y que a pesar de tener conocimiento de las omisiones en las adquisiciones de bienes y servicios no reportaron al Ministerio Público estas conductas.
Estas accionas forman parte de las auditorías e investigaciones que el Gobierno del Estado realiza en diferentes dependencias con el fin de establecer fehacientemente el orden y destino de los recursos de los duranguenses durante la pasada administración.