Se trabajará en apego al marco legal.
El trabajo del Gobierno del Estado debe continuar en beneficio de los ciudadanos, destacó el Mandatario José Rosas Aispuro Torres, tras informar que para garantizar la transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos, se capacitará los funcionarios estatales para no incurrir en faltas durante el proceso electoral.
Referente a dicho tema, la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango (SECOED), detalló que el proceso electoral de naturaleza Federal y Estatal comenzó en noviembre, en tanto que, del 23 de diciembre al 31 de enero se desarrollan las precampañas y las campañas serán a partir del 4 de abril, de esta fecha y hasta el 6 de junio, día de la elección, los 60 mil servidores del Estado deberán evitar acciones específicas previstas en la normatividad electoral que beneficien a candidatos o partidos.
La capacitación, también abordará las actividades que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) que, por sus características, continuarán en los rubros de Salud, Educación, Seguridad y Asistencia Social, dado que aún y cuando sea periodo electoral la atención a la ciudadanía no puede detenerse.
La Contralora, precisó que la capacitación será vía Zoom para seguir con las medidas preventivas de dispersión del COVID-19, por lo que en breve estará disponible en la página de la Secretaría que encabeza (contraloría.durango.gob.mx) el registro a dichos cursos.
La estrategia de blindaje electoral para este año tiene por objetivo prevenir que los recursos públicos se desvíen para inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de algún candidato o partido, prevenir violaciones a disposiciones jurídicas y cumplir con la suspensión de propaganda gubernamental durante las campañas.
Por último, la Secretaria manifestó que con el blindaje y las acciones que de desarrollan de manera permanente para el control interno de las dependencias y fortalecer la ética se busca evitar que los funcionarios sean sancionados por la vía penal o administrativa por violaciones a la ley.